En ocasiones, cuando se toma la decisión de divorciarse, puede ocurrir que la convivencia se tense y que uno de los cónyuges decida abandonar el domicilio familiar para evitar que esa situación empeore.
Es muy común que hoy en día se siga creyendo que esto constituye un delito, en concreto, abandono del hogar. Sin embargo, esta conducta no supone por sí misma un delito y nadie puede verse obligado a permanecer en la vivienda compartida.
Sin embargo, cuando ese abandono no es sólo físico y se desatienden las obligaciones que se tengan respecto a los hijos o personas que tengan a su cargo, por ejemplo, dejando de contribuir a su mantenimiento o bienestar, la situación es distinta. En este caso nos encontraríamos ante un delito de abandono de familia, recogido en el artículo 226 del Código Penal, que consiste en ““dejar de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados”
El requisito para poder considerar que se ha cometido este tipo delictivo es que esa situación se prolongue durante un tiempo y que no sea una circunstancia puntual.
Las penas que este delito conlleva son la de prisión o multa, pero, además, se impone la pena complementaria de inhabilitación para el ejercicio del derecho a la patria potestad, tutela, guardia o acogimiento familiar por un plazo de tiempo que va desde los 4 a los 10 años.
Por otro lado, no se considerará que se ha cometido el delito de abandono de familia cuando quien haya abandonado el domicilio común sea víctima de malos tratos, aún cuando el cónyuge que quede abandonado se encuentre en situación de desamparo.
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